EE: Archivo

---

Mujer Adulto Mayor demostró como  se consumó uno de los despojos financieros más grandes de la historia cometidos contra las pensiones de cientos de jubilados en Yucatán denunciaron  varios afectados.

En este atraco participaron jueces tanto del Poder Judicial del Estado de Yucatán como es el caso de la ex titular del Juzgado de Oralidad del Estado de Yucatán M.D. Claudia Irabien Pedrera.

Con una triangulación entre jueces estatales y del Consejo de la Judicatura Federal incurrió en una serie de despropósitos entre los que destacan su ilegalidad y la inviabilidad financiera de este nuevo esquema pensionario. 

La transferencia de recursos de las cuentas de ahorro para el retiro, sin el consentimiento de los trabajadores, constituye una expropiación de su patrimonio. Esta acción, según el experto, se efectuó sin la debida transparencia y sin considerar los derechos y deseos de los empleados. El director del CEEY señaló que, al parecer, la reforma tuvo “claros tintes electorales” y que, en su trasfondo, se oculta un pacto político entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el que se busca aumentar la tasa de reemplazo en las jubilaciones del magisterio. 

En la ejecución de este proyecto no se abordaron integralmente “las necesidades del sistema de pensiones ni se consideró su viabilidad a largo plazo”, apuntó el experto, quien agregó que se aprobó en el contexto del 117 Aniversario de la Huelga de Río Blanco.

Inicialmente, el proyecto que produjo el Fondo de Pensiones para el Bienestar pertenecía al paquete de 20 reformas que el Presidente difundió el cinco de febrero de este año, de las cuales 18 eran de carácter constitucional, incluida la pensionaria; pero como para su aprobación éstas requerían mayoría calificada, Morena optó por un “plan B”, es decir, mediante la reforma de leyes reglamentarias. 

Y entre éstas se hallan las que regulan el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para confiscar automáticamente los ahorros de los trabajadores de más de 70 años depositados e inactivos en su respectiva Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).